3 el uruguay ante la crisis mundial



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EL URUGUAY ANTE LA CRISIS MUNDIAL
por Jacques Ginesta (x)

I.- 2008: LA CULMINACIÓN DE CINCO AÑOS DE BONANZA Y EL COMIENZO DE LA CRISIS ECONÓMICA
Durante los tres primeros trimestres de 2008 las autoridades, hicieron suyas aunque con más circunspección, como es de estilo en este país, las declaraciones optimistas que adoptaron otros gobiernos de la región respecto del crecimiento económico.

Y en realidad había motivos para ello, porque la demanda sostenida de productos agropecuarios en el mundo, principalmente en China, India y otros países en desarrollo, hizo crecer los volúmenes y los precios de estos productos y otros como el petróleo y el cobre, en forma inesperada y sostenida a lo largo de todos estos años desde el 2003.

La abundancia de capitales y el optimismo exagerado de los inversores institucionales aumentó la oferta de dinero a estos países y su colocación a bajas tasas de interés.

El aflujo de dinero del comercio exterior y de las inversiones permitió a los gobiernos recaudar más dinero mediante sistemas fiscales más incisivos y financiar planes asistenciales dirigidos a pobres e indigentes, cuya efectividad se puede poner en duda, pero cuya realidad e incidencia política no se puede negar. Sin embargo, quizás lo más importante fue la tonificación del mercado interno, mediante el aumento de la producción, el empleo y el consumo. En tales condiciones y aprendidas las lecciones de otrora, mantener la inflación dentro de límites manejables no fue difícil para los gobiernos progresistas “prudentes”, porque Venezuela y Argentina no pudieron evitar inflaciones exageradas del orden del 25 al 30%.

El Uruguay no fue una excepción. Las exportaciones de productos agropecuarios siguieron creciendo durante el período hasta llegar a la cifra record de 5.950 millones de dólares en el 2008, o sea un crecimiento de 31% respecto del 2007. La contrapartida es que la importaciones crecieron mucho más, 58%, dejando un saldo negativo de 2.984 millones de dólares (Fuente: Banco Central). Durante todo el período considerado, el saldo de la balanza comercial fue negativo. Si bien los bienes de capital constituyeron una parte importante de las importaciones, así como los bienes intermedios, los bienes de consumo también constituyeron parte apreciable de las mismas. No nos corresponde pronunciarnos sobre si es beneficioso o no practicar una política sostenida de déficit comercial que en alguna medida se compensa con la generación de servicios portuarios y turismo, pero otros países de la región como Brasil, Venezuela y Chile exhibieron orgullosamente un clarísimo superávit en ese rubro durante el período.

El PIB creció a tasas importantes del 6 y 7%, habiéndose alcanzado un pico del 11.8% en el 2004 ( con el gobierno del Jorge Batlle), compensando una abrupta caída del 11% en el 2002 y 2.2% en el 2003, y en el año 2008 con un aumento del 13% durante el período enero-setiembre, que al anualizarlo a diciembre se redujo al 8.9% por la pronunciada caída del ultimo trimestre (-0.8%). Dentro de ese crecimiento cabe destacar que el PIB industrial creció a tasas significativas, así como el empleo industrial, aún quitando el efecto de la pastera Botnia que llegó a producir más de 1 millón de toneladas de pasta del papel y el de refinería de ANCAP. (Cifras del Banco Central y Búsqueda).

En consonancia con ese inusual crecimiento, la inversión durante 2008 creció al 18.73% del PIB, bastante por encima de los guarismos históricos.

El desempleo bajó del 12-13% a un 7.8% en el 2008 y el empleo llegó a un robusto 58% de la población económicamente activa.

La ratio deuda producto, que llegó al 108% en el 2003 y l00% en el 2004, bajó al 61% en el 2007 y 51% en el 2008, a la tasa de cambio oficial, una relación más que razonable, quizás como efecto del crecimiento del PIB y el hecho de que la mayor recaudación permitió pagar algunas deudas -se canceló la deuda con el FMI, como lo hicieron Brasil y Argentina, como una forma simbólica de independencia respecto de los dictados de esa institución, pero se permitió la continuidad del monitoreo de la economía por parte de la misma. Un plan recambio de deuda con vencimientos cortos por deuda a largo plazo, permitió el alivio de los vencimientos de la década.

No obstante el país siempre mantuvo durante el período un desequilibrio fiscal que en términos del PIB fue de octubre del 2007 a octubre del 2008 del 0.72%, siendo el superávit primario del 2.26% en el mismo período.(datos del MEF).

El sector financiero al contrario del 2002, en el que la crisis se desató a causa del mismo, aparece a esa fecha totalmente saneado, recuperándose paulatinamente los niveles de depósitos del 2001 y con mucha menor exposición a los depósitos extranjeros que desencadenaron la crisis aludida.

En una palabra: la situación financiera y económica era muy buena al 15 de setiembre del 2008, fecha en que la negativa del gobierno norteamericano a salvar a Lehman Brothers de la quiebra, desencadenó la crisis global que estamos padeciendo, más allá de las críticas de la oposición, a veces fundadas y a veces exageradas por comprensibles razones políticas. Pero es evidente que no se hubieran podido alcanzar esos resultados sin una explosión de la demanda externa -y la inversión- durante el largo período que se cierra en esa fecha, que aumentó mucho en volúmenes pero mucho más en precios que sonaban disparatados.

Baste recordar que el petróleo que llegó a 148 dólares el barril en el correr del 2008 bajó en torno a los 40 dólares, o sea a niveles del 2002 y la soja que se acercó a los 600 dólares la tonelada bajó a los 350 y los demás granos tuvieron también caídas muy pronunciadas. Si el matrimonio Kirchner hubiera podido leer el futuro se hubiera abstenido de aprobar la resolución 125 sobre las retenciones móviles a los productos agropecuarios, que hubieran perdido aplicación por la baja abrupta de esos productos; y tal vez, al evitar el duro enfrentamiento con el campo hubiera reducido la caída de popularidad de su gobierno, que se fragilizó mucho durante el último año. Tal vez el presidente Chávez hubiera sido más cuidadoso en gastar el enorme ingreso que le generó la suba del petróleo para tratar de cimentar su liderazgo en Latinoamérica, comprar voluntades para entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un armamento cuyo objetivo no aparece claro y otros gastos completamente prescindibles. Otros países de la región, en menor medida, podían haber sido también más cautos en el gasto. Esta bonanza fue fundamentalmente producto del ciclo económico mundial y en buena medida fruto de la especulación financiera que terminó con ella. Si no se hubieran formado esas burbujas financieras, que abarcaron a los granos y al petróleo en Wall Street, los resultados no hubieran sido tan brillantes. Si los gobiernos progresistas hubieran aplicado consistentemente su prevención contra el capitalismo global especulativo, deberían haber previsto que lo que el mismo da con tanta facilidad igualmente lo quita fácilmente.

Sin embargo, la idea de que todo ese éxito económico era debido a la excelencia de la gestión de sus gobiernos los preparó mal para lo que se venía. Ese triunfalismo llevó a la presidenta Cristina Kirchner, en un discurso pronunciado el 23 de setiembre de 2008 ante las Naciones Unidas a acusar a Estados Unidos de provocar una crisis que denominó “efecto jazz” por tener una “economía de casino”, que produjo el mayor desastre financiero, mientras que su país había crecido y pagado sus deudas gracias al dirigismo del Estado sobre la economía real. Si bien tenía razón en cuanto a su juicio emitido sobre la vergonzosa quiebra del sistema financiero norteamericano, no veía o no quería ver que el pretendido auge argentino se debía a una especial coyuntura del mercado global que hizo crecer la demanda en muchos países, especialmente en China y los precios, en parte por el aumento de esa demanda, pero también como consecuencia de las mismas especulaciones financieras en el mercado agropecuario de los “jugadores” de Wall Street, que estaba criticando. En realidad, la evolución de la economía argentina en la era Kirchner merece otra lectura mucho menos optimista, como todo el mundo sabe.


En Uruguay, los buenos números de los tres primeros trimestres en casi todos los rubros, dieron lugar a que, bajo el acicate de la precampaña electoral para las elecciones internas de los candidatos a presidente por cada partido, se minimizaran los efectos de la quiebra de Lehman Brothers y las persistentes caídas de las bolsas norteamericanas y europeas. Hasta que se desplomaron las bolsas argentina y brasileña y comenzara a subir el dólar en todo el mundo y también en nuestro país, momento en que asume el Ministerio de Economía y Finanzas, el contador Alvaro García, quien menos comprometido en la campaña electoral y aleccionado por su participación en las reuniones semestrales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, admitió que, aunque la situación financiera es sana, la crisis podía venir al país por la vía comercial, afectando con ella la recaudación fiscal (Búsqueda, 16 al 22 de octubre de 2008).

Como era de esperar de cualquier Gobierno, desde ese entonces las declaraciones oficiales tienden a desestimar los efectos de la crisis sobre nuestra economía. En el mismo sentido, la profusa divulgación de los excepcionales números del año 2008, enmascarando la significativa caída del último trimestre, procuran crear un ambiente de tranquilidad, que no estaría en consonancia con algunos números del primer trimestre del 2009 ni, por supuesto, con el resto del año.

La historia enseña que todos los embates de las la crisis externas afectan al país, si bien en el caso actual, al contrario de la crisis del 2002, su exposición financiera sea relativamente escasa y encuentre a los bancos de plaza bien pertrechados y con limitada operativa. Por otra parte, la oposición ha señalado reiteradamente, que el gobierno ha maximizado el gasto público y no ha hecho nada para reducir el tamaño de un Estado hipertrofiado e ineficiente, según su propio concepto –como tampoco lo hicieron gobiernos anteriores- por lo cual no adoptó medidas preventivas en ese terreno para la recesión que está llegando.
Estas muestras de confianza fueron avaladas por destacadas funcionarios internacionales, como el presidente del BID, L. A. Moreno, quien declaró a mediados de octubre de 2008 que no vio muchas vulnerabilidades en la economía uruguaya, salvo la baja de los precios internacionales. Lo que no evaluó es en cuánto repercute en la economía del país esa casi única vulnerabilidad – en realidad hay otras- y todos sabemos que esa repercusión es importante.

El directorio del Fondo Monetario Internacional, al evaluar la situación del Uruguay en su revisión anual realizada el 23 de octubre fue más realista, admitiendo que “ la situación financiera y económica mundial plantea riesgos de caída para un economía pequeña, abierta y dolarizada como tiene el Uruguay”. Sin embargo, en su conjunto el dictamen del Fondo fue optimista: el 2008 cerraría con un crecimiento de PBI del 9.5%, el que se reduciría en el 2009 al 5.5% - el propio gobierno estimaba en esa fecha un aumento menor, 4.5%- no preveía una recesión para el 2009 y la inversión cerraría en 2008 con un 16.5% del producto y bajaría al 8% en el 2009. Estimaba, sí, una inflación superior a la prevista en el 2008 (8.5%), que bajaría a 7.5% en el 2009 y una ratio deuda/producto bastante buena. En suma, no habría recesión para el país sino una disminución del crecimiento.


Más recientemente Pedro Alba, representante del Banco Mundial en el Cono Sur fue bastante más cauto al hablar sobre la crisis en Latinoamérica y Uruguay en particular, ante la caída fuerte de los números a fines del 2008 y los dos primeros meses del 2009 y sin arriesgar cifras sobre la evolución del PIB en el 2009, dijo que no había duda que la crisis iba a afectar al país, puesto que las vulnerabilidades que éste tiene frente al mercado externo son las mismas que existían en el 2002 y 2003. Señaló que el BM prevé ahora un crecimiento muy bajo para América Latina de entre 1 y 0.3% (Búsqueda 5 de marzo de 2009).

En la próxima sección veremos cómo ha evolucionado realmente la repercusión de la crisis durante el primer trimestre del 2009.


II. LA CRISIS INTERNACIONAL EN EL URUGUAY

De hecho, la crisis financiera desembocó en una recesión mundial que afecta a la economía real del país por varias vías: El Contador Enrique Iglesias, ex presidente del BID señaló al principio de la crisis, seis vías por las cuáles esta recesión afecta a América Latina: el descenso de los precios de las materias primas y la disminución de los volúmenes de ventas, la disminución de las remesas de los emigrantes a sus familiares, la merma de los servicios de turismo, las pérdidas experimentadas por muchas empresas latinoamericanas por la caída de las bolsas y la retracción del crédito y el descenso de la inversión por falta de dinero o por temor.(Búsqueda 16.10.08) Todas esas vías, salvo la disminución de las remesas, afectan al Uruguay. Agreguemos que la revalorización del dólar nos afecta directamente porque, además de afectar a competitividad, aumenta el peso de una deuda externa, que es comparativamente, una de las más importantes de la región, unos 16.000 millones de dólares, aunque el crecimiento del producto a 32.000 millones de dólares redujo su peso en el mismo al 53.1% del PBI. ( las cifras son del año 2008).

Las últimas noticias de la crisis internacional nos muestran que es aguda y duradera. La última previsión de la OCDE arrojó una caída del PIB mundial del 2.7% y del comercio internacional del 13%, que afecta a los principales países del mundo y principalmente a los Estados Unidos y a la Unión Europea. El FMI estimó, por su parte, una caída del PBI mundial del 1.3% y prevé un aumento del mismo para el 2010 del 1.9%. No cabe duda que en este año de 2009, afectó al Uruguay y lo va a afectar aún más. El asunto es cuánto lo va a afectar, cuánto va a durar y qué medidas genuinas está el Gobierno en condiciones de adoptar para reducir sus efectos. Es lógico que la evaluación de la situación varíe si se trata de los funcionarios de gobierno o de especialistas opositores o independientes. Un panel de economistas representantes de los tres grandes partidos (Manuel Quijano, Frente Amplio), Javier de Haedo (Partido Nacional) y Luis Mosca (Partido Colorado), organizado el 4 de mayo de 2009 por la “Fundación Wilson Ferreira Aldunate” (Partido Nacional), coincidió en que la contracción de la economía seguirá en el 2009, con recuperación en el primer trimestre del 2010. Coincidieron también en la necesidad de acuerdos sociales entre trabajadores y empresarios, y acuerdos comerciales, augurando que la próxima administración (marzo 2010) tendrá un panorama complicado.

Por otra parte, hay cierto consenso a nivel mundial que los peores efectos de la crisis se dieron en el último trimestre del 2008 y en el primer trimestre del 2009, aunque hay que considerar un efecto de arrastre del contexto crítico a proyectarse en el 2009 y tal vez a principios del 2010.


De todos modos, de acuerdo a la experiencia del último trimestre del 2008 y del primer trimestre del 2009, la crisis repercute en forma diferente en las finanzas y en la economía. En realidad, el sistema financiero no ha sido involucrado directamente en la misma, manteniéndose al margen del crack bancario y bursátil internacional. En realidad, los depósitos aumentaron en el primer trimestre del 2009, en función de la apertura de nuevas cuentas de no residentes, como era de esperar. Se comprueba una moderada desaceleración del crédito y por consiguiente una mayor liquidez en el sector bancario.
La situación es diferente en el sector real y dentro de él, el principal afectado es el comercio exterior. Las exportaciones cayeron en abril por seis meses consecutivos. En este mes, las ventas al exterior alcanzaron la cifra de 1.513 millones de dólares, disminuyendo un 26% con respecto a abril del 2008.

La pastera Botnia detuvo su actividad por 15 días y disminuyó su producción significativamente, como lo hizo su central en Finlandia. Más recientemente la compañía ENCE renunció a sus planes de construir otra pastera y vendió sus terrenos a las firmas Stora Enso y Arauco. La empresa FUNSA, gestionada por los trabajadores se vio obligada a mandar a un número de los mismos al seguro de paro por disminución de sus ventas en el Brasil, como lo hizo también algún frigorífico. La industria automovilística debió revisar sus previsiones a la baja acompañando a Brasil, Argentina y la mayor parte de los productores del mundo. Los productores de ciclomotores y de bicicletas Zanella debieron reducir de una forma importante su personal, a causa de la baja de las compras en Argentina, mercado con el que siempre tuvieron problemas de ingreso. La actividad siderúrgica acompañó la caída internacional de la producción. En el sector agropecuario, la caída del precio de los granos, del cuero y algo menos de la carne, perjudica fuertemente al sector exportador. Igualmente aconteció una baja en las ventas de madera, carne y lana


El turismo en el primer trimestre del 2009, en cambio, comparado con el año anterior no tuvo la caída que se podía prever, sino que la temporada cerró con aumento en la recaudación, por lo menos en ciertos sectores y números recientes.

Las importaciones han descendido también sensiblemente en el período, aunque en el primer trimestre del 2009 se observa una recuperación con respecto al último trimestre de 2008. La disminución ha sido más acentuada en el rubro bienes de consumo duradero que en otros rubros.

El mercado interno ha sufrido hasta ahora menos que el sector exportador en función del mantenimiento del consumo interno. Han influido en ello el incremento del salario real, una tasa de desempleo relativamente baja para los guarismos tradicionales, una inflación en ligera baja y el mantenimiento de cierto flujo de proyectos de inversión.

En el primer trimestre del 2009 habría un incremento del salario real del 6%, fruto de los acuerdos salariales cerrados con anterioridad.

Los guarismos relativos al desempleo muestran un aumento del mismo al 7.8% -que habría bajado algo en el último trimestre (7,2%), lo cual todavía es una cifra históricamente razonable, pero la expectativa de algunos expertos es que aumente del 1 al 1.5% más, siguiendo en forma atenuada, la tendencia de otros muchos países, entre ellos los más desarrollados, como Estados Unidos, muy marcadamente, y los países europeos, especialmente España con 4 millones de desocupados.

En cambio, el número de los acogidos al seguro de paro, según cifras del Banco del Previsión Social, sería el más alto de los últimos dos años. Algunas de las empresas afectadas por la crisis, ha enviado a un número de trabajadores a seguro de paro y podrían luego que cese el período del mismo, despedirlos. A ello se suman otras crisis como la de la sociedad médica de asistencia CASMU que no tiene origen directo en la mundial, sino en el déficit crónico del mutualismo local. Sin embargo los sindicatos, lejos de aceptar esta situación, reclaman que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo sin rebajas salariales, pero, si se trata de una postura plausible en momentos de negociación, tarde o temprano podría atemperarse en función de las necesidades de la crisis.


Pese a las declaraciones del Presidente de la República y de los dirigentes sindicales sobre que los trabajadores no iban a pagar el precio de la crisis, a pesar de algunas medidas puntuales que se puedan adoptar, la realidad se impone sobre el voluntarismo y, lamentablemente, los trabajadores vinculados a las actividades perjudicadas sufrirán las consecuencias y no sólo ellos sino el resto de la población, en la medida que se afecte el consumo interno. Si los precios y las demandas internacionales de ciertos productos bajan persistentemente – en realidad el petróleo y ciertas commodities han aumentado en mayo- la producción tiene necesariamente que bajar y ello repercute sobre el empleo directo en forma de envíos a seguro de paro, el número de personas que buscan empleo y el de las que no lo encuentran a corto plazo, la tasa de personal ocupado respecto de la población económicamente activa y el salario. El mayor o menor poder de las centrales sindicales y los sindicatos y el apoyo que reciban de un gobierno consustanciado con los intereses de los trabajadores, son importantes, pero tienen sus límites muy precisos porque en algún escalón tendrán que transar con los productores de riqueza.

Por otra parte, el sector privado se ve presionado por el Estado para no aumentar los precios de los productos de consumo masivo. Julio de Brum, ex presidente del Banco Central y actual director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, el 29 de enero en el semanario Búsqueda critica estos acuerdos de precios por presionar demasiado al sector privado y distorsionar el clima de negocios y de inversión sin que para él se consiga frenar el aumento de la inflación. El efecto acuerdo de precios estaría neutralizado en alguna medida por el otorgamiento de subsidios a algunas actividades abundantes en mano de obra.


Sin embargo, la inflación hasta el momento no representa una amenaza importante. De hecho, la inflación del mes de febrero fue ligeramente negativa y en marzo fue de 0.8% siendo las previsiones últimas para todo el año 2009 de entre un 6 y un 7%.

El nombrado Julio de Brum, en la entrevista mencionada, dice que el gobierno tomó a esa fecha dos tipos de medidas: unas monetarias tendientes a aminorar el crecimiento del IPC, que estima tengan efectos de corta duración para contener la inflación y el aumento de las tasas de interés de referencia, propiciando igualmente la suba de tasas en las licitaciones de letras.


En cuánto a la inversión privada, aunque suene extraño, sigue creciendo y generando nuevos empleos. La COMAP (Comisión de Aplicación) de la ley de inversiones expresa haber recomendado en el primer trimestre de 2009 proyectos por USD 123 millones y tiene en evaluación proyectos por USD 900 millones, de los cuales la mitad provienen del 2008 y supone que en el correr del año se superaría el total de proyectos de inversión del año anterior, que transcurrió en pleno auge económico mundial. Dichos proyectos son seleccionados por su capacidad de aumentar las exportaciones y generar empleos.

Habrá que ver cuáles de esos proyectos finalmente se concretan para evaluar la magnitud del crecimiento de la inversión real, pero de cualquier modo sigue habiendo inversión, por lo menos certificada.

Aparte de la caída brusca de las exportaciones, los mayores problemas parecen provenir del sector público, principalmente por el incremento de las cargas públicas registradas durante el período y el deterioro de las cuentas públicas.

Efectivamente; se ha producido un fuerte deterioro de las cuentas públicas, que pude continuar en el correr del año, siguiendo una tendencia anterior. En los 12 meses cerrados a febrero de 2008 el sector público consolidado mostraba un superávit global del 0.8% del PBI, con un superávit primario del 3.7%. En el año cerrado en febrero del 2009, el sector público consolidado arrojó un déficit del 2%, como consecuencia de un superávit primario del 1.1%, debiendo pagarse en ese período intereses equivalentes al 3.7% del PBI (Fuente: Búsqueda, 16.4.09). Si estos números son exactos, la solvencia del Estado ha variado dramáticamente y puede seguir el mismo camino en el futuro próximo, pero no es así con las cargas públicas que se mantienen estables en la mejor hipótesis y en las cuáles el salario de los funcionarios, que supera en promedio el doble del salario privado, pesa sustancialmente - 45% y si agregamos las jubilaciones 55%- sin posibilidades de hacer recortes.

Si bien las refinanciaciones de deuda realizadas por el gobierno en años anteriores consiguieron aliviar los vencimientos a corto plazo y el aumento sustancial del producto mantiene la deuda en un porcentaje aceptable, la baja de ese mismo producto y el aumento de las deudas, modificarán este porcentaje hacia el alza. Ya en el 2008, con un crecimiento espectacular en la recaudación fiscal, el Gobierno sobrepasó el tope legal de endeudamiento para ese año de 275 millones y un máximo para operaciones extraordinarias de 412 millones, endeudándose en 500 millones de dólares. Otro tanto ocurre en el 2009, en que se le otorgó aval parlamentario para ampliar el tope de endeudamiento para el año, llevándolo a USD 350 millones e incrementar ese máximo en un 100% en casos extraordinarios. Se ha decidido emitir bonos por 100 millones de dólares en el mercado local y se llevaría la emisión en este mercado y en Japón a 300 millones de USD. Ello, en el corto plazo puede ser una solución de los problemas de caja, pero sin duda aumentará las cargas para el futuro y algunos analistas no descartan que el próximo gobierno, pasada la instancia electoral, deba comenzar por realizar un ajuste fiscal de cierta magnitud.

El deterioro de las cuentas públicas tiene su origen en la reducción de la recaudación por una parte, en el subsidio de los precios públicos y en el aumento de los costos de energía, por otra.

El Uruguay, según un informe de la CEPAL es el tercer país de América Latina y el Caribe con mayor presión tributaria. Según su evaluación el Uruguay recauda en impuestos el 24.1% del PBI, detrás del Brasil (36.2%) y de Argentina (29.1%). Hasta el momento (mayo del 2009) el deterioro no ha sido grande en la recaudación de los principales impuestos, pero la previsible disminución del consumo tendrá repercusión en los impuestos que gravan el mismo, y, previsiblemente habrá un incremento de la morosidad general. El mayor deterioro de los ingresos está dado por el déficit acumulado de las empresas públicas, principalmente en el sector energético. En este caso, el aumento del precio del petróleo en el 2008 incidió sobre este mal resultado, ya que los aumentos internos no acompañaron los aumentos de precios internacionales, a fin de mantener la inflación por debajo del 10%. En ese año y en el actual, las persistentes sequías, que redujeron enormemente la producción de energía hidroeléctrica, lejos la más barata, obligaron a aumentar la producción de las centrales térmicas que funcionan a base de combustibles y la compra de energía al Brasil, a precios mucho más altos.

Finalmente, a pesar de las recaudaciones record registradas anteriormente, el gasto público consumió su producido en más de un 90%, según se estima, no dejando remanente para tiempos difíciles como los actuales.

En este contexto, ¿qué recursos tendría el sector público para reactivar la economía mediante planes de obras públicas, subsidios del empleo y estímulos a la producción?

Durante la actual crisis, los países, aparte de la intervención en el sistema financiero con cuantiosa ayuda, han propuesto planes keynesianos típicos, como la inversión en obras públicas de contenido social y necesitadas de mano de obra abundante, como caminería, puentes, escuelas, hospitales, etc.; en fin, todo lo que quedó atrás en épocas de bonanza. También se diseñan sistemas de subsidios a las empresas que emplean abundante mano de obra y a las familias de bajos ingresos, en forma de rebaja de impuestos, etc. y concesiones de moratorias a los sectores fuertemente endeudados. La finalidad última de estos planes, que implican abundante inversión estatal y consiguiente endeudamiento, es mantener y potenciar la demanda como motor de la economía.

Veamos en resumen alguno de los planes propuestos por gobiernos o partidos social-demócratas o progresistas para salir de la crisis, que repiten en general la misma receta.

En Estados Unidos, donde la crisis se desató y donde las consecuencias son más severas se puso el acento en el salvataje de los bancos mediante préstamos, pero sobretodo por el otorgamiento de la garantía del Estado a sus obligaciones y en la restitución del crédito a las empresas y al público para recuperar la inversión y el consumo. Se redujeron impuestos para las franjas más comprometidas y se refinanciaron las deudas, en especial las de los deudores hipotecarios, que fueron las que desencadenaron la crisis. La industria automotriz recibió miles de millones de ayuda estatal, lo que no impidió que la Chrysler entrara en bancarrota y debiera vender sus activos europeos a la Fiat italiana.


El plan español del 27 de noviembre de 2008 destina miles de millones de euros para una serie de iniciativas: medidas de apoyo al sector financiero mediante avales y garantías diversas; al empleo, otorgando a las empresas bonificaciones, así como a la seguridad social e impulsando el autoempleo y la formación de los trabajadores; otorgamiento de moratorias de pagos de hipotecas; medidas de estímulo a las PYMES y moratoria de sus deudas. Diversas desgravaciones fiscales selectivas. Obras públicas, con énfasis en aquellas con contenido social como carreteras y escuelas; y, finalmente, medidas destinadas a recuperar el sector automotriz, gran motor de la economía.

La Unión Europea recomendó medidas similares con la finalidad última de evitar la caída del sector financiero y evitar la caída de la producción y la demanda.


El Brasil – no tan afectado por la crisis como Estados Unidos y Europa pero que experimentó fuerte descenso de la producción industrial a principios de la crisis- por su parte, entre medidas de orden financiero y de estímulo a la economía, lanzaría un plan para construcción de viviendas para personas de bajos recursos que insumiría más de 15.000 millones de dólares. El gobierno brasileño antes y después de la crisis ha divulgado proyectos de grandes obras públicas en materia energética, explotación de petróleo y gas en la cuenca de Santos, construcción masiva de centrales atómicas, etc. que en el corto plazo tiene más viso de campaña mediática que de factibilidad concreta. Si bien al comienzo de la crisis tenía reservas por 200.000 millones gran parte de las mismas habrían sido ya utilizadas. Sus previsiones para el 2009 están basadas en un crecimiento del PIB del 2%, que para el propio Banco Central sería de sólo 1.2%, cuando para la OCDE habría en realidad una caída del 0.3%. El sinceramiento paulatino de la realidad económica ha obligado al Gobierno a hacer recortes en el presupuesto, tratando de preservar los salarios y los gastos fijos, como siempre sucede.
Pero no cualquier Estado tiene esa capacidad de relanzar la economía. Para empezar, las cuentas públicas tienen que estar bien saneadas y haber un margen disponible para la inversión. Además debe haber una importante capacidad de endeudamiento, preferentemente a costos razonables, lo cual no es factible en una época de penuria del crédito, sobre todo para países que no tienen una excelente calificación de riesgos. Por otra parte, es difícil competir con la enorme demanda de capitales del Estado norteamericano, cuyos bonos soberanos inundan el mercado a tasas mayores que las preexistentes, por lo cual los Estados menos calificados pagarán mucho más que antes. El mayor endeudamiento reducirá el margen presupuestal o aumentará el déficit de las cuentas públicas y, a su vez, esto incidirá sobre la calificación del riesgo, haciendo progresivamente más gravosos los préstamos solicitados.
Otra posibilidad será un ajuste fiscal y en algunos casos un imperativo, como podría ser en la Argentina luego de las elecciones legislativas de este año, pero en realidad, casi todos los países tienen leyes tributarias severas, que comprometen varios meses de ingreso de la población y en el límite de lo que las empresas aceptan para seguir operando. La declinación de la actividad económica reduce sin duda los ingresos fiscales y un ajuste fiscal que en algún momento puede hacerse necesario, tendrá efectos contractivos, porque reducirá la capacidad de consumo de los sectores medios y altos.

En realidad, los gobiernos latinoamericanos, si bien relativamente menos afectados, están en difícil posición para adoptar medidas keynesianas de estímulo de la economía, en especial los gobiernos progresistas, que ya las tienen incorporadas a su programa de gobierno principalmente bajo formas de asistencialismo, y el Uruguay no es la excepción. Aunque se haya dicho que el gasto social, que compromete en buena medida los recursos presupuestales, no es un gasto sino una inversión – afirmación que está condicionada a la correcta y eficiente ejecución de los programas, lo cual no es siempre el caso- no será posible hacer nuevos gastos para estimular la economía en un contexto de disminución de los ingresos, sin recurrir a un pesado endeudamiento. Por otra parte, el Gobierno, comprometido con las dirigencias sindicales, poco ha hecho para reducir la carga de la burocracia estatal, cuyos sindicatos siguen asediándolo con más reivindicaciones, al margen de la situación de crisis. A este respecto, se ha señalado que Nueva Zelandia, país más rico y con más población que el Uruguay tiene alrededor de la 7ª. parte de los funcionarios públicos que tiene nuestro país.


Las concesiones a los funcionarios estatales hechas en el pasado en base a previsiones más optimistas, en algunos casos han tenido que revisarse a la baja por el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la explícita declaración de que “el gobierno no tiene más margen para salarios públicos”. Los funcionarios estatales agrupados en COFE (Confederación de Obreros y Empleados del Estado), no obstante, resisten dichos recortes y han evaluado recurrir judicialmente de los mismos, como lo hizo en el pasado ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales), con todo éxito.

Las enfáticas declaraciones del Gobierno, que en ningún caso los trabajadores sufrirían los efectos de la crisis, alentaron sin duda este tipo de reivindicaciones.


En un año electoral sería lógico que el gobierno atendiera los reclamos de los sindicatos que en épocas anteriores han sido y son sus más fieles aliados, puesto que sería peligroso negar las promesas realizadas, pero está claro que las previsiones han sido excesivamente optimistas y en período de menores recaudaciones no habrá margen para cumplirlas. Muchos economistas ven como única salida acuerdos de reducción salarial consentidos por las partes involucradas, pero por ahora esa perspectiva es prematura.

Tales episodios muestran que los gremios estatales no están dispuestos a ningún sacrificio salarial, frente a la caída de la recaudación provocada por la disminución de la actividad en muchos sectores importantes y en la exportación, lo cual se hará sentir en enero del 2010, cuando procedan nuevos ajustes salariales. De toda la fuerza laboral. su situación es lejos la más rígida, puesto que no se puede recurrir a despidos ni a disminuciones de salarios, lo cual significa que sencillamente se está produciendo un aumento aún mayor de la carga del Estado sobre la economía.

Por idénticas razones no se puede esperar gran cosa por el lado del estímulo al mercado mediante la inversión en obras públicas.
No siendo factible hacer uso de la emisión para cumplir con las obligaciones estatales, como se hizo en el pasado, porque ello entrañaría una suba inflacionaria inmediata y desencadenaría los mecanismos de indexación previstos, la fuente de recursos más a mano es el empréstito extranjero, o sea aumentar el endeudamiento, como ya vimos que se está haciendo.

En definitiva, el evitar que el edificio se tambalee peligrosamente depende de dos factores: que la crisis mundial sea de corta duración y que el 2010 sea un año de recuperación, aunque sea modesta, lo cual a esta altura no puede afirmarse ni tampoco descartarse, aunque las principales economías del mundo siguen muy complicadas.

El segundo factor es que el gobierno logre mantener la cuota de confianza que ha generado en una parte sustancial de la población, a pesar de que los logros han quedado, como es casi un axioma político, muy por debajo de las promesas electorales. Hasta el momento, mayo de 2009, la crisis no ha erosionado el nivel de compra acostumbrado del consumidor modesto y medio, sostenido por los importantes aumentos del pasado año y del mes de enero. Puede dudarse que en el resto del año se mantenga el mismo nivel.
Por otra parte, la lectura de las encuestas parece indicar que el Frente Amplio ha mantenido un importatísimo apoyo de gran parte de la población y que, aunque ajustado, podría llegar a obtener un triunfo electoral, no siendo posible actualmente descartar totalmente que sea en la primera vuelta, aunque se ve difícil, según veremos en el próximo apartado. Tiene a su favor que no se puede decir que la crisis económica haya llegado a un estado de crispación tal que amenace seriamente a esa cuota de confianza.

La incidencia de la crisis económica sobre el sistema político en tiempo de elecciones es lo que constituirá el objeto de la sección siguiente.



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